Cuestiones económicas desde el Sur

En este verano liviano en su comienzo, que paulatinamente devendrá en un verano en toda regla, de la noche a lamañana; nuestros próceres políticos están poniendo toda la carne en el asador para que el aumento de las temperaturas sea proporcional a la intensidad del debate, perdón quería decir, discusión permanente (que no debate, por desgracia), sobre todo lo que tenga que ver con la res publica.

No voy a hablar de la Sentencia del Estatut de Cayalunya, algo que va, tras cuatro años de espera, a envenenar la política catalana (y española) durante los próximos meses, y más en el preclima electoral catalán. Todo mensaje o futuro debate sobre las cuestiones que afectan realmente a la ciudadanía en estos momentos quedarán empozoñados, por la torticera interpretación que de la sentencia se haga, de uno u otro lado.

Pero como soy andaluz, me van a permitir que a mi me preocupen otras cosas. Especialmente lo relativo a la reordenación del sistema financiero andaluz, que de hecho en esta tierra se circunscribe a la foto final del sistema de las cajas de ahorro.

Durante años, el debate ha sido la teoría de la unificación (el Santo Grial del neoparlamentarismo andaluz). Sevilla (como concepto politológico) lo ha transmutado en un dogma de fe inalienable y cuyo no seguimiento provoca el anatema político.

La cuestión es que en este tema existe una perspectiva muy “occidentalista” de la cuestión, demasiado política (en función de la corriente dominante) y para nada eficiente desde el punto de vista de la gestión (la más preocupante). Esta cuestión se resuelve en un modelo alejado de la verdadera razón que debe empujar a todo líder político: la eficacia del sistema y la capacidad de generación de riqueza y de nuevas sinergias en el territorio que aparezcan de forma disruptiva y que por tanto generen nuevos potenciales en el mismo.

Desde ese punto de vista, la conformación de una SIP (Sistema de Protección Institucional) entorno a las cajas de Granada, Murcia, Sa Nostra y del Penedés; crea una entidad financiera con poder de articulación en el territorio sumando sinergias y no entrando en competencia endogámica, en toda la zona del Levante español. Además las 4 entidades que crean el sistema, vienen de culturas económicas y modelos de negocio diferentes, lo que sin duda aportará valor a la SIP; para más inri la sede central estará en Madrid, cuestión que evita temas localistas y que además sitúa la acción del ente en el centro económico del país (alguien tiene dudas sobre esto). Por no hablar de que esta solución deja intactas cuestiones que serían un problema para todas las entidades, como es la cuestión de la ubicación territorial de la sede central en caso de fusión, la cuestión relativa a la Obra Social o la pérdida de peso político territorial en la toma de decisiones que afecten a los grandes hitos de cada uno de los territorios afectados por la fusión.

Por contra, la propuesta del dogma, prefiere una gran caja de todas las entidades andaluzas que nacería con varios lastres: una caja intervenida y en bancarrota (por cierto me gustaría ver a sus responsables dando explicaciones en una sede judicial, por su mala gestión y praxis, y por ende poniendo en peligro las inversiones y ahorros de sus clientes, por no hablar del perjuicio que ello origina a su territorio); un conjunto de cajas que han estado compitiendo en el territorio, por lo que en aras de la eficacia, se debería proceder a la eliminación de un gran número de oficinas por redundancia y por ende de empleos; qué pasaría con las obras sociales, con la implicación de las mismas en su respectivos territorios; dónde quedaría la sede central (para mi, esta cuestión es clara, debería ser Málaga, pero me temo que la sede sería para Sevilla); cómo se organizaría la estructura de gestión política y de administración de esa caja única para que las entidades más pequeñas no queden fagocitadas por el “centralismo” político que todo territorio ejerce en su zona de influencia…

Son demasiadas cuestiones, que no sólo suponen interrogantes, sino amenazas tangibles, que lejos de suponer una fortaleza devienen en claras debilidades. En esta cuestión no deben primar cuestiones territoriales y políticas, sino la capacidad que las entidades ahorristas tienen para vertebrar nuevo tejido social y nuevas estructuras en el territorio, alejadas de los hitos tradicionales. Necesitamos poner en marcha un sistema financiero disruptivo, llevado a cabo por este tipo de entidades (los bancos juegan en otra división y con otros intereses), que permita la conexión de nuevos territorios y de nuevos intereses ciudadanos y empresariales, que de otro modo no podrían darse.

Sólo pido a nuestros responsables políticos que sepan ver más allá de las cuitas políticas al uso, y que sepan ver a largo plazo. Este mundo dejó de tener fronteras visibles, hace ya más de una década, es el momento para hacer del concepto “Glocal” un elemento de la nueva economía, de la necesidad de establecer nuevas fórmulas financieras en el territorio, que hagan emerger nuevas alianzas económicas. En un momento de zozobra como el que vivimos y en el que nuestros sistemas de referencia mundiales se han caído o están mutando, ¿no es el momento de realizar acciones que lleven a nuevas estrategias?, lejos de sistemas de referencia anteriores a este período de crisis y cambio.

Son estas y no otras las razones por las que abogo por un SIP como ha trazado Caja Granada y no por un concepto político trasnochado como lo es la “gran caja andaluza”. El futuro financiero estará en manos de grandes entidades económicas cuyas estrategias estarán marcadas por su tamaño y necesitarán cohabitar con otras entidades de menor tamaño, alta flexibilidad y capacidad de adaptabilidad a su entorno que les permita crecer de forma eficaz.

Acaso ese futuro, no pasa por crear un sistema europeo integrado de cajas de ahorro con esas características. Acaso la SIP del Levante español, no podría plantearse la integración con otras cajas similares en tamaño y recursos de Francia e Italia por poner un ejemplo.

Sin duda, sería una forma de avanzar más en un sistema económico de la UE y no sólo monetario, vertebrando territorialmente las regiones en función de intereses estratégicos de nuevas alianzas transfronterizas.

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