España, Europa y el Open Data

En plena canícula veraniega, a mediados de agosto para ser más concretos, el Gobierno Español anunciaba los ejes y puntos fundamentales que tendrá la futura Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley que obligará al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a poner a disposición de la ciudadaníaley_web todos sus archivos. En este sentido, la ley asume una apertura total de cualquier archivo público, con la excepción de aquellos que vulneren datos de carácter personal o la defensa y seguridad del estado.

Sin duda esta es una buena noticia que sin duda nos hará avanzar en políticas de Open Data entre los países de nuestro entorno. De hecho la ley se configura como una oportunidad para permitir el acceso universal ciudadano de la información elaborada o adquirida por la administración pública. Añade además, la norma, que el acceso ha de ser transparente, ágil y accesible.

La nueva normativa además, contiene medidas para que los diferentes entes y organismos publiquen, de forma proactiva, toda aquella información que los ciudadanos consideran relevante en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Ello nos permitirá auditar el uso del dinero público (tal como se hace ya en EEUU), así como solicitar desde la media de horas que trabajan los asesores en un Ministerio, hasta los gastos de protocolo o la información estadística de usuarios de los servicios de urgencias de un hospital.

Sin duda es una oportunidad más, para profundizar en la filosofía del oGov en España y para desarrollar nuevos instrumentos de relación entre administración y administrados; especialmente en toda la órbita 2.0 y las nuevas aplicaciones que permiten las nuevas tecnologías emergentes.

Pero, y hay un pero a mi juicio, que me preocupa. En realidad son dos: de un lado el “gap” que empieza a producirse entre estados miembros, sobre el oGov y el Open Data (cuestiones diferentes pero totalmente dependientes), y especialmente dentro de la UE. De hecho tuve la oportunidad de experimentarlo el pasado mes de julio en Bruselas, en una reunión con el Gabinete de la Comisaria Reding, donde confundían abiertamente ambos términos. Ni que decir de aquellos países donde el término oGov, sigue siendo ciencia ficción. Me evitaré nombrarlos en nombre de lo políticamente correcto.

Urge, por tanto, una definición de cuáles han de ser los mínimos que en este importante tema han de ser orquestados en la UE. Aunque la prioridad no pasa por ahí, ya que la agenda está más delimitada por la cuestión del acceso a la red, los derechos en Internet y el desarrollo de las infraestructuras de la banda ancha. De hecho, lo último que ha sido presentado al respecto es la Guía de los Derechos de Internet: la eYouGuide.

El otro pero es el que más me preocupa. No es por ser negativo, pero el acceso universal a los datos públicos no implica un acceso del conocimiento público universal de la población. Habrá datos que por su naturaleza serán de fácil (y útil) aprehensión por parte de la ciudadanía; pero otros por su naturaleza, complejidad y presentación (estadística, bases de datos, datos binarios, coordenadas de diferente tipología, etc.) no lo serán, por lo que tan sólo estarán al alcance de unos pocos. Esto en teoría produce una discriminación inicial, que me produce zozobra, aunque siendo optimista, lo veo también como una oportunidad para los emprendedores. Estoy seguro que surgirán nichos de mercado nuevos y proyectos innovadores de esta situación.

Por lo tanto, una vez más, urge una armonización de los tiempos y las políticas de los estados miembros, porque esto sin duda originará estados (y ciudadanos) de primera y segunda clase, justo en el auge de las nuevas tecnologías de la información y su despliegue general en la población.

A ello apelo. Mientras tanto, otros pensaremos como transformar toda esta colección de datos en nuevas oportunidades para desarrollar un nuevo marco de competencia empresarial que nos diferencie de nuestro entorno.

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