Un comienzo posdemocrático: los partidos. Bienvenida la Democracia 2.0

En esta sociedad líquida en la que transitamos, en la que tan difícil es gestionar nuestras vidas, debido a una alta gestión de incertidumbre en las decisiones que hemos de tomar, tanto en las individuales como en las colectivas; y en donde las fronteras no son claras, ni a veces fácilmente transitables (casi siempre lo contrario), democracia-2-0-instalandohay una institución en nuestras democracias que ha caído presa de sí misma y de sus propias debilidades sistémicas: el partido político.

Pero no podemos olvidar que el partido político es el pilar de nuestras imperfectas democracias. Sin los partidos políticos u organizaciones similares, no cabría la legitimidad del sistema y por ende del propio desarrollo de nuestras democracias representativas. Dicho esto, lo siguiente configura una narrativa diferente, una suerte de posdemocracia, ahora que en tiempos de esta posmodernidad asfixiante (y lacerante) urge reinventar.

Me explico, no se trata de reinventar la democracia, se trata de resetearla y ponerla al día. El poder real de los partidos fue el control de la agenda y de la “información” y ambos conceptos, han dejado de ser patrimonio de los mismos, mientras que las oligarquías que ansían su control están siendo ajenas (o hacen como que lo son) al actual devenir de los tiempos.

Digamos que en época de las redes 2.0, haría falta “inventar” la democracia 2.0; y ello a pesar de que disponemos de herramientas y filosofía para ello: gobierno abierto, eParticipación, eAdministración, etc.

El problema es que ni jurídica ni políticamente los partidos aceptan este nuevo rol social que la propia sociedad les demanda. Si bien es verdad, que vemos como algunos comienzan a entrever que esa es la única salida, y sobre todo por parte de los de la oposición, a pesar del esperpéntico papel de algunos partidos de gobierno en España, por apuntar contra todos y a todo tipo de conspiraciones, a pesar de las evidencias. #ApunteHistórico: el caso Watergate, que acabó con la carrera de Richard Nixon y puso en riesgo al GOP (Partido Republicano), comenzó de la misma forma.

Pero lo que urge en estos momentos, y sin dilación es una REFORMA de la Ley Electoral vigente, y sobre el ordenamiento jurídico que afecta a los pilares del sistema: los partidos políticos.

Lo primero: una Ley de Transparencia, que les obligue a hacer público TODO. Presupuestos y gastos, cuánta gente tienen contratada, cómo realizan estos contratos, cuál es su participación en Fundaciones y organizaciones sociales, y ya que se financian con dinero público, como debe ser, al ser depositarios de los intereses de sus votantes, se han de prohibir las donaciones privadas y empresariales, sean anónimas o no. Los partidos políticos no deben ser rehenes del dinero de ninguna corporación. Solo deben ser “rehenes” de sus principios y a quienes se deben: la ciudadanía.

Más cosas. La gestión económica ha de ser supervisada a año vencido, tal como tienen la obligación las empresas de este país. Pero además se debería hacer con una doble lectura: la del Tribunal de Cuentas, al año siguiente, y la de una auditoría externa, que sea común a todos los partidos políticos y lo más ajena posible a sus intereses con un mecanismo ad hoc y que establezca un sistema de transparencia durante su curso.

Y esto es para empezar. ¿Qué más han de hacer?

No tiene sentido que los partidos políticos elijan sus directivas para mandatos de cuatro años y sus programas, máxime en estos tiempos de ubicuidad líquida, como Zygmunt Bauman los define. Me quedo con el modelo británico en este sentido, que es anual o bianual (el caso alemán) como mucho. Las direcciones tienen que estar “tensadas”, alertas, no ante sus militantes, craso error, sino ante las demandas ciudadanas, y especialmente ante las demandas de su electorado natural.

Los partidos han de velar porque sus órganos y sus modelos de gestión sean visibles, “transparentes” ante la sociedad, se deben de acabar las reuniones internas oscuras y secretas. Entiendo que las de trámite normal no, pero las reuniones de sus máximos órganos entre congresos, o en aquellas en las que se traten temas de interés general, deben serlo.

Además se ha de limitar el número de mandatos, tanto a las presidencias (del Gobierno, CC.AA., Alcaldías, etc.), como a los puestos orgánicos, así como obligar a la rotación orgánica. A nivel institucional la representación ha de quedar en manos de la decisión de la ciudadanía. ¿Cómo? Con un sistema de listas abiertas, no solo en la convocatoria electoral, y sin listas bloqueadas; es decir, que se presenten por circunscripción tantos candidat@s como quieran presentarse por partido, cumpliendo con los requisitos mínimos y de accesibilidad que se establezcan. Pero también en el transcurso de la elección interna. El modelo italiano reciente ha sido una inspiración, como también lo es el norteamericano: son los estados y no los partidos quienes organizan los “caucuses” y las elecciones de candidatos en todo el país, de forma abierta a la ciudadanía que quiera participar. Habría que determinar qué mecanismos se podrían establecer: registro único de ciudadanos que quieren participar en primarias inscribiéndose en censos públicos, pago por votar y tener derechos electorales internos en la formación política, etc… El orden de las listas, tendría para mi, un claro ordenamiento: el del número de votos recibidos, sin más, y sin ningún tipo de artificio que adultere el resultado de una persona, un voto.

Algo totalmente necesario a realizar: la inclusión del voto secreto y nominativo en cada una de las reuniones. Esto acabaría con la remesa de prebendas que origina el “retratarse” públicamente con un voto favorable o de rechazo ante el/la líder de cada estamento orgánico de los partidos. Fomentará el criterio individual, no domeñado por los aparatos y permitirá el resurgir de la conciencia individual dentro de los partidos. Esto es totalmente necesario. Si bien un partido tiene unas reglas y un constructo ideológico, son las personas quienes lo representan, y por lo tanto caben varias interpretaciones de la estructura ideológica. Ello contribuirá a ser más abiertos y permeables a las opiniones ajenas y atraer a ciudadanos que de otra forma, jamás se acercarán a organizaciones cerradas y endogámicas como las actuales.

Por cierto, esta ley debería de establecer limitaciones muy férreas para evitar espectáculos como los vividos hasta ahora. En primer lugar, si los militares no pueden participar en política, por motivos obvios, hay otro estamento social que debe tener prohibida totalmente esta puerta: el poder judicial en todos sus niveles. La división de poderes sobre la que recae la estabilidad de nuestro sistema así lo requiere. El poder judicial ha de ser ajeno a toda intervención partidista. Esto significa que ningún miembro del mismo puede ejercer cargo político alguno, ni de altos niveles de la administración. Otra cosa será que si desea ser un ciudadano más en este sentido y participar activamente en el sistema, debe abandonar su carrera judicial, con las consecuencias que ello implica. Es duro, pero necesario, para mantener a uno de los pilares de la democracia fuera del juego partidista, así como despolitizar al Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Otra cuestión. Nuestros expresidentes y exaltos cargos. No es de recibo que Aznar y González estén en consejos de administración de grandes empresas energéticas, que ejercen grandes presiones con su presencia y vinculación a los grandes partidos, para que no se les toque sus “monopolios” heredados en el sistema, que impiden cambios en el formato energético de nuestro país y avanzar en el desarrollo de nuevos nichos de mercado tan necesarios en el actual contexto económico. [Recomiendo la lectura del libro: “La energía de lo pequeño” de Pau Solanilla]. Estos son casos flagrantes, pero hay más y de otras envergaduras. Los expresidentes de gobierno, por la alta magistratura que han tenido para con el Estado deben de estar a disposición de este y no servirse de él. Por ello, reforzar su figura en el Consejo de Estado puede ser una solución. Pero no creo que la salida laboral de estos, sea la de “asesorar” a entidades que no son precisamente neutras en los entresijos del poder.

Y para terminar, establecer una Ley de la función de los representantes políticos y cargos de libre designación, que indique cuánto deben de cobrar políticos, representantes, asesores; y cómo se accede a estos puestos, qué número máximo pueden tener en función del tamaño y de la administración, y a qué obliga claramente su gestión, y en caso de duda ante la misma o posibles imputaciones establecer los mecanismos necesarios para no dejar nada al albur. Así como la existencia de un registro público accesible online donde se establezcan quienes son, qué funciones tienen atribuidas y cuál es su rol en la jerarquía de la administración. Transparencia.

Estas son solo algunas propuestas de entre las muchas que se me ocurren. El objetivo es el de resetear nuestra democracia y devolverla a la ciudadanía. Haciendo entender a quiénes nos representan, eso, que son “nuestros” representantes. La máxima aspiración que debe tener un servidor público, y no otra.

Por supuesto, que puede haber variaciones y diferentes formas de aproximación, pero debemos comenzar por algún sitio, toda vez que se demuestra totalmente desfasada la actual partitocracia.

Debemos reinventar la columna vertebral de nuestra democracia, los partidos políticos. Esto y no otra cosa, será la Democracia 2.0.

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